China se puso las botas en América Latina. Ávido de materias primas y, últimamente, por aumentar su participación en los mercados de infraestructuras y servicios, el gigante asiático, que aspira a relevar a Estados Unidos como primera economía mundial en la próxima década, ha irrumpido con fuerza como un jugador de peso en la región con proyectos en países como Brasil, Perú y Bolivia.
Creó empleo y, sobre todo, ha mantenido la llegada de flujos de inversión en un momento complicado, en pleno repliegue de los EE. UU. de Donald Trump. Pekín ocupa ese espacio con creces: su banco de desarrollo se convirtió en el prestamista internacional más importante para un número no menor de países latinoamericanos, firmas como China Petroleum o Chinalco han dado un paso al frente en la misma dirección, y sus inversiones en los más de 10.000 kilómetros que separan Ciudad Juárez (México) de Ushuaia (Argentina) se multiplicaron por más de 10 desde 2008.
Pero el favor de Pekín también tiene una cara mucho más amarga: el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales en un número no menor de proyectos, tal y como constata la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) –que agrupa a casi 180 ONG de todo el mundo– en un informe presentado la semana pasada.
La federación de ONG denuncia el “continuo” ejercicio de estos “comportamientos violatorios con conocimiento de causa” y la falta de voluntad del Estado chino por monitorizar el cumplimiento de los estándares mínimos exigibles por parte de sus empresas y bancos. “Todo ello se torna más crítico cuando se observa el alto impacto de las inversiones chinas en territorios indígenas y áreas ambiental y socialmente sensibles”, agrega.
Las violaciones de derechos humanos identificadas tienen que ver, en primer lugar, con la defectuosa implementación de procesos de consulta ambiental a la población en general y, muy específicamente, a las poblaciones indígenas. Ocurre así en el complejo hidroeléctrico de La Barrancosa-Cóndor Cliff, en el extremo sur de Argentina, donde la consulta ambiental “no cumplió los estándares mínimos”, o en el bloque petrolero boliviano de Nueva Esperanza, donde la corporación petrolera china BGP “desconoció los acuerdos y causó daños ambientales”.
Los hechos denunciados también tienen que ver –siempre según la FIDH– con la violación del derecho a la tierra y al territorio Aunque en muchos casos el impulso económico es un hecho constatable con datos, la FIDH considera que, tras una década de presencia de Pekín, las comunidades impactadas no han visto un comportamiento responsable por parte de las instituciones chinas.