Argentina-China: recreación de la vieja “relación especial” con Gran Bretaña

Fuente: Rubén Laufer
Publicado en Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 7. Marzo 2012-Febrero 2013 – Volumen II. ISSN 1853-9467.
China es, desde hace ya varios años, uno de los principales socios comerciales de la Argentina. Las ventas de soja y derivados a la potencia oriental constituyen la columna vertebral de las exportaciones y la principal fuente de divisas del país. Al mismo tiempo, de igual modo que los demás países de América Latina, la Argentina ha experimentado un verdadero aluvión de bienes de la industria china en su mercado interno. En correspondencia con la intensificación del intercambio se creó un fuerte flujo de inversiones chinas, centradas en ramas extractivas (petróleo y minería), en infraestructura ligada a las exportaciones hacia el país asiático (ferrocarriles, puertos), en el área financiera (bancos, financiamiento de proyectos asociados a capitales chinos) y, recientemente, en el control de grandes superficies de tierras fiscales arrendadas a productores privados para la producción de alimentos destinados a China.
Esta intensificación de las relaciones bilaterales se inscribe en un marco latinoamericano. Brasil, México, Chile y Venezuela ―además de la propia Argentina― establecieron en los últimos años “asociaciones estratégicas” con la potencia asiática. Chile, Perú y Costa Rica firmaron con ella tratados de libre comercio de amplio alcance. Corporaciones estatales y privadas de China avanzaron, en forma directa o en asociación con poderosos grupos económicos locales, en áreas decisivas de las economías de la región: petróleo, gas, represas hidroeléctricas, comunicaciones; minería del hierro, cobre, oro, litio; finanzas, grandes obras de infraestructura —rutas, obras ferroviarias, puertos—, comercio interior y exterior, etc.
En la Argentina, con el extraordinario crecimiento del comercio bilateral y de las inversiones chinas, desde la década de 1990 se han constituido y están en plena expansión grupos empresariales que asumen el papel de socios subordinados e intermediarios comerciales del gobierno de Beijing, o de corporaciones privadas o públicas chinas en grandes proyectos de inversión.
Algunos de esos grupos locales son de origen nacional; la mayoría proviene de anteriores vínculos con intereses europeos, rusos u otros, y muchos cuentan con representación directa o fuerte influencia en círculos de gobierno a nivel nacional o provincial. La Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China nuclea a muchos de los mayores consorcios empresariales del país (Spadone, Werthein, Macri, Blaquier, Loeb, etc.). Otros no integran la Cámara pero mantienen vínculos y asociaciones igualmente importantes (Roggio, Elsztain). Al compás de los negocios se multiplicaron los contactos diplomáticos y políticos.
La presencia creciente de intereses de China en la región compite con la “tradicional” influencia en ella de los intereses económicos, políticos y  estratégicos de Estados Unidos y de las potencias europeas. La pugna —directa o a través de las mencionadas asociaciones— por influencia o control sobre palancas básicas de nuestras economías y estructuras estatales (elemento vertebral de lo que habitualmente se conoce como dependencia) tiñe y condiciona la evolución de los países latinoamericanos.
En la actualidad, cuando el eje del crecimiento económico y de las relaciones políticas internacionales se desplaza visiblemente hacia Oriente y en particular hacia China, y en momentos en que la crisis económica mundial eclosionada en EE.UU. y Europa en 2008 y hoy en pleno curso destaca el rol económico, político y estratégico de China como potencia mundial, se reactiva el debate sobre: 1) el carácter del sistema social y político que rige los intereses económicos y estratégicos del estado chino y de sus corporaciones estatales y privadas; 2) la naturaleza de las relaciones que los países latinoamericanos y poderosos sectores de sus clases dirigentes vienen estableciendo con la potencia oriental; y 3) las implicancias que ese relacionamiento conlleva para el desarrollo económico y la inserción internacional de la región y de cada uno de sus países integrantes.
“Potencia” agroalimentaria… en tierras bajo control extranjero
El establecimiento de la “asociación estratégica” con China por el gobierno argentino en el año 2004 significó un salto cualitativo en la relación económica entre ambos países. Sus implicancias políticas también son amplias.
El reciente convenio entre el gobierno de la provincia argentina de Río Negro y una corporación estatal china para la producción de soja y otros productos agrícolas en esa provincia sureña expresa en buena medida ese salto, y la suma de privilegios y concesiones efectuadas al grupo inversor chino es de por sí reveladora de la naturaleza de la “asociación estratégica” que, más allá de algunas fricciones comerciales, se ha ido afirmando entre las clases dirigentes de ambos países a partir de entonces.
A mediados de agosto de 2011, la provincia de Río Negro en la persona de su gobernador Miguel Saiz —integrante de un sector político de filiación radical pero con fuertes vínculos con el gobierno nacional justicialista de Néstor y Cristina Kirchner— suscribió el segundo de dos convenios con la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, la mayor productora de alimentos de ese país, como parte de un proyecto para producir granos y hortalizas bajo riego en el valle medio e inferior del Río Negro. Los acuerdos prevén inversiones por 1.500 millones de dólares en diez años y la construcción del sistema de riego abarcando una superficie final de 320.000 hectáreas, además de obras energéticas y la disponibilidad por la empresa china de una zona portuaria en la localidad de San Antonio Este.
El convenio no supone la compra de tierras: el estado provincial alquila campos fiscales a productores y compañías privadas en colonias y parajes a lo largo del Río Negro, donde la Beidahuang instalará sistemas de riego para que allí esos productores y empresas cultiven soja, trigo y colza, entre otros productos. El ministerio de Producción provincial indicó que “no se producirá sólo soja” y, ante los reparos acerca de la probable “sojización” de la producción provincial, alegó que “no es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”[1]. Pero el convenio no establece ninguna prohibición ni limitación en ese sentido. Por otra parte, ya en el comunicado oficial de abril de 2007, al realizarse en la provincia de Río Negro la primera cosecha de soja en el marco del denominado “Proyecto Soja Patagónica”, el ministro de Producción Juan Accatino reconocía el estímulo oficial a la producción sojera señalando que ahora “podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas”[2]. Por entonces un puñado de corporaciones de agronegocios —entre ellas la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos— impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas.
La corporación china tendrá a su cargo la financiación del emprendimiento, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. La propia empresa comprará en exclusividad y por un lapso de 20 años a precios internacionales la producción, que comercializará en la provincia china de Heilongjiang. Será entonces el demandante externo quien determine las prioridades y los rubros concretos hacia los que estará dirigida dicha producción: pensamos en granos, maíz, trigo, avena, sorgo, horticultura, fruticultura y carnes. Todo lo que China necesita”, declaró el ministro de Producción rionegrino, Juan Accatino[3] (destacado del autor. RL).
Se trata de la primera incursión de capitales chinos en el negocio agrícola de la Argentina. La superficie bajo riego prevista en Río Negro representa dos veces y media la actual superficie provincial bajo riego dedicada a la agricultura (unas 120.000 has). Alrededor de 60.000 has son hoy destinadas a la fruticultura, y los principales cultivos —peras y manzanas— ocupan unas 40.000 has. El hecho de duplicar con creces el área agrícola y quintuplicar la superficie hoy destinada a la principal actividad económica provincial, da una idea de la vital trascendencia económica y política que conlleva el llamado “Acuerdo Agroalimentario”, y la profunda alteración que significará en las prioridades productivas de la zona, subordinadas de ahora en más a las determinaciones del capital inversor.
Las desiguales implicancias del convenio parecen corresponderse con la asimetría entre las entidades firmantes: de un lado, el gobierno de una provincia de algo más de 600.000 habitantes de la Argentina, un país del “tercer mundo”; del otro la estatal Beidahuang, la mayor corporación china en el rubro alimentario, que cuenta con 800.000 trabajadores y abastece a unos 150 millones de consumidores (más del 10 por ciento de la población total de China y casi cuatro veces la población total de la Argentina). Una compañía con negocios en casi todos los continentes y respaldada por el poderío financiero del estado chino, por estrategias estatales explícitamente dirigidas a conferir escala “global” a sus corporaciones, y principalmente por el hecho de ser China el primer comprador del principal rubro exportable de la Argentina. La corporación tiene, además, su propia firma intermediaria en la Argentina, Strong Energy, por cuya cuenta corrió la tramitación y firma del Acuerdo.
El convenio —firmado sin previo paso para su debate y aprobación por la Legislatura provincial— suscitó críticas y numerosas manifestaciones de resistencia social en Río Negro como consecuencia de las desiguales concesiones y privilegios otorgados a la corporación china a costa del erario provincial.
Según los puntos 6 y 7 del convenio, el gobierno de Río Negro se compromete a exceptuar a la inversión de la compañía china “de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, así como a gestionar ante el gobierno nacional y el Banco Nación que los fondos destinados “no estén alcanzados por encajes bancarios”. A cambio (punto 9), la empresa inversora “se compromete a realizar las tareas correspondientes… a fin de asegurar la siembra de los productos que ella seleccione…” (destacado nuestro. RL).
La provincia se obliga (punto 11) a “poner a disposición [de la empresa china] todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado provincial, y “los estudios que existan sobre el tema” [no se aclara si incluye estudios públicos y privados], así como a solventar todos los gastos originados durante el período de estudio de los especialistas chinos enviados para determinar los aspectos concretos de la inversión. Igualmente la provincia, según establece el texto, cederá sin costo las oficinas necesarias y su equipamiento, viviendas y medios de transporte. También (punto 12) se pone a disposición de la empresa china el uso del aeropuerto de San Antonio Oeste, “el cual está emplazado en una zona estratégica, para que en el futuro pueda operar con sus aviones”. Por el convenio, el gobierno de Río Negro cede “sin cargo alguno” 3.000 hectáreas de tierra para un campo experimental y, también sin cargo alguno, un área de cinco hectáreas en el puerto de aguas profundas de San Antonio Este. Esta última cesión se establece por 50 años, y una vez cumplido el plazo se renovará automáticamente.
Semejantes privilegios —cuyas implicancias políticas son así reconocidas en el propio texto— se completan con otros contenidos en el Anexo del acuerdo. Allí el gobierno de Río Negro se compromete a impulsar legislación específica para favorecer al inversor extranjero: “ofrecer —dice textualmente— la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”.
Tal ofrecimiento de garantías apunta, sin duda, a prevenir los cuestionamientos existentes o potenciales respecto de las concesiones de mayor relevancia estratégica en beneficio de la corporación china, incluyendo la mencionada disponibilidad de grandes superficies territoriales e instalaciones portuarias y aeroportuarias. Al dar al consorcio estatal chino Beidahuang participación en el puerto, por otra parte, el acuerdo colisiona directamente con intereses europeos, ya que hasta el año 2017 el manejo de las instalaciones portuarias está en manos de las grandes empresas exportadoras de fruta encabezadas por Univeg-Expofrut, corporación europea con sede en Bélgica.
Erosión de soberanía, no sólo alimentaria
En virtud del convenio, los productores argentinos quedan sujetos durante 20 años a las determinaciones de la corporación china: no producirán en función de la demanda interna ni para cubrir necesidades alimentarias existentes en el país sino atendiendo a intereses y prioridades de la compañía china. Deberán vender su producción a un solo oferente y al precio internacional, de modo que los precios de venta no son fijados por intereses afincados en la Argentina sino por “el mercado” mundial (con sus consabidas fluctuaciones en tiempos de crisis); y esto tratándose, además, de productos como la soja, de los que China es uno de los principales compradores —y consiguientemente “formadores de precios”— en el mercado internacional.
Voceros del gobierno provincial aseguran que el emprendimiento “permitirá duplicar la producción y generar 100.000 nuevos puestos de trabajo”[4], y que los mismos “serán todos argentinos”[5]. La última expresión tiende a aventar suspicacias, aludiendo a la conocida práctica de las corporaciones chinas en explotaciones mineras, agrícolas y otras radicadas en países africanos, de “exportar” masivamente trabajadores y profesionales chinos como válvula de escape a los excedentes de fuerza de trabajo existentes en el país asiático, acentuados en los últimos años por la caída de exportaciones como consecuencia de la crisis económica mundial iniciada en 2008 y por la política oficial dirigida a enfriar la producción industrial china. El convenio rionegrino, sin embargo, no formula ninguna restricción explícita a tal práctica.
Las autoridades provinciales proclaman que el convenio tendrá como beneficiarios directos a los productores que opten por asociarse al proyecto chino. La caracterización de tales “productores” resulta en el mejor de los casos ambigua. Según investigadores radicados en la región, los principales impulsores locales del “Plan agroalimentario” son más bien poderosos grupos terratenientes o grupos empresariales arrendatarios de tierras ligados al capital extranjero, quienes hace ya tiempo preparan el terreno para la denominada “ampliación de la frontera sur de la explotación agropecuaria”, con la mira puesta en las tierras irrigadas por los 720 kilómetros de recorrido del río Negro. El grupo Miguens-Bemberg Holding (MBH), un consorcio de fuertes propietarios territoriales y empresarios asociados o intermediarios de capitales extranjeros —particularmente ingleses— presidido por Carlos José Miguens e integrado por miembros de las familias Miguens, López Saubidet y Bauret (con intereses empresariales diversificados que van desde el rubro agropecuario hasta la minería), “tiene una importante presencia empresaria en la zona que ahora aparece en excelentes condiciones de (eventualmente) tercerizar sus tierras a la firma china”[6]. En octubre de 2008 el grupo apareció respaldado por el propio gobernador Saiz, quien asistió junto a Miguens Bemberg a la inauguración de la ampliación de la infraestructura del agua de riego con toma directa del río.
Empresas integrantes del mencionado consorcio como Patagonia Organic Meat Co (Pomco) y Agropecuaria Cantomi SA, con extensos campos en el valle medio del Río Negro, solicitaron en junio de 2011 al organismo provincial de regulación de acceso de particulares a los cursos públicos de agua autorización para captar aguas para el riego de más de 4.000 has en el departamento Avellaneda. Así, el anuncio del desembarco de la china Beidahuang converge de hecho con las estrategias de inversión y desarrollo de infraestructura en la zona.
El avance de estas corporaciones constituiría un “límite estructural” a las intenciones formuladas por el gobierno nacional de acotar la compra de tierras por capitales extranjeros. Más bien por el contrario, el sistema de arrendamiento de tierras fiscales por productores privados con el monopolio del consorcio chino sobre la producción y la venta sería un modo de saltear anticipadamente las potenciales restricciones a la propiedad territorial para extranjeros que pudieran incorporarse en la ley de tierras actualmente en debate parlamentario. Todo el curso del Río Negro y decenas de miles de hectáreas conexas quedarían, así, “fuera de esos supuestos paraguas de protección”[7].
¿Recursos propios, o campo de inversión y especulación ajeno?
“Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China”, celebró el gobernador Miguel Saiz en su conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de Beijing[8]. En la ocasión el mandatario destacó las “fortalezas” que atrajeron el interés y la inversión de la Beidahuang: la aptitud del suelo y el clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia. Es decir las ventajas que, en otro contexto político, podrían constituir una sólida base para un proyecto de desarrollo regional orientado por el interés nacional y por las necesidades alimentarias irresueltas aún hoy en la Argentina, y en cuyo respaldo podrían direccionarse capitales nacionales y parte de las importantes reservas monetarias acumuladas en varios años continuos de bonanza de nuestro comercio exterior.
En cambio, la alianza entre el gobierno provincial y la corporación china se sustenta, como hemos descripto, en una densa red de concesiones: exenciones impositivas, cesiones de servicios y territoriales sin cargo, inversiones por cuenta del estado provincial, elusión de los canales parlamentarios y favorecimiento de socios locales del grupo inversor extranjero, mecanismos a través de los cuales la inversión de las corporaciones monopólicas —en forma directa o por medio de personalidades locales “influyentes”, afines o directamente asociadas al negocio inversor— resulta en buena medida financiada con recursos locales y no provenientes de la entidad que aparece como inversora. Yueyang Weng, titular de la Cámara Internacional China y representante de Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group en el país, precisó que el convenio con Río Negro reproduce modalidades que China ya viene desarrollando en distintos países de África[9].
De este modo la inversión extranjera excluye la perspectiva de un desarrollo autónomo y basado en iniciativas y recursos locales, al tiempo que desnacionaliza y privatiza de hecho recursos nacionales estratégicos, en este caso a manos de una empresa estatal china.
“La jugada de China se ajusta a una época de globalización en la que los precios de los alimentos son altos y los de la tierra son bajos —observa una entidad académica argentina dedicada al estudio de temas agrarios—. El negocio sería tener el control sobre muchas de las mejores tierras cercanas a suministros de agua. La tierra será la nueva fuente de lucro, y el objetivo controlar la producción de alimentos e insumos alimentarios para la producción de carnes en su territorio… No serán pocas las transnacionales y corporaciones que se lancen a la caza de tierras fértiles para la producción de lo que el mercado global les demande, ya sean alimentos o agrocombustibles”[10].
Mediante el convenio referido la provincia de Río Negro, como vimos, asegura a China la provisión de alimentos por 20 años —aún cuando no está garantizada la “seguridad alimentaria” propia—, en tiempos en que las necesidades alimentarias mundiales y la crisis económico-financiera iniciada en 2008 impulsan a las corporaciones de las grandes potencias a buscar nuevos campos de inversión —productiva o especulativa—, con especial interés no sólo en fuentes energéticas y minerales estratégicos sino también en tierras, agua y alimentos. China está volcando parte de sus reservas monetarias de cerca de 2 billones de dólares en garantizarse el acceso a ese tipo de bienes en Asia, África y América latina.
Así, no sólo el convenio del gobierno de Río Negro con la corporación estatal china resultaría funcional al interés de grandes corporaciones extranjeras o intermediarias centradas en el negocio agroalimentario, sino el propio proyecto de ley de tierras rurales actualmente en consideración en el Congreso nacional, que alude a la propiedad de tierras por parte de extranjeros pero no a su uso, explotación y control. “…Al igual que Grobocopatel[11], los pooles de siembra argentinos e internacionales, los chinos en Río Negro y muy probablemente los saudíes en el Chaco, podrán decir que ellos en la Argentina son ‘sin tierra’, puesto que ninguno pretende tener la propiedad de la tierra, sino que buscan controlarlas, explotarlas y manejar a su arbitrio lo cosechado”[12].
Esta vía de “ampliación de la frontera agropecuaria” define el perfil del actual “modelo” agropecuario nacional. Un “modelo” que —como muestra el mismo convenio rionegrino con China—, viene a reforzar el intenso proceso de sojización en curso desde hace más de una década en “alianza estratégica” con el capital financiero chino, avanzando sobre áreas cada vez más amplias del país, desplazando a otras producciones agrícolas y ganaderas y expulsando de la producción directa a chacareros y familias campesinas y de pueblos originarios. Un “modelo” que es resultado y a la vez impulsor del proceso de concentración territorial, que no revierte la extranjerización y concentración ya producida durante las últimas dos décadas —ya que la ley proyectada se propone no afectar “la seguridad jurídica de las inversiones”—, y que acentúa la desnacionalización del suelo y un patrón de “agricultura sin agricultores”, con propiedad de la tierra en la letra pero en los hechos sin disposición nacional efectiva de ella.
Sojización, re-primarización, concentración, extranjerización, dependencia
La emergencia de China como gran comprador mundial de la oleaginosa en grano y en aceite reforzó el proceso de sojización de la economía argentina y la tendencia a la hiperespecialización productiva y exportadora. La dependencia cada vez mayor de ese rubro ya fundamental de las exportaciones argentinas respecto del mercado chino, y la de las cuentas públicas nacionales respecto de esas exportaciones, completó el círculo.
Dado que las empresas proveedoras tanto de las semillas como de los agroquímicos son altamente concentradas y extranjeras, el proceso implicó la pérdida de autonomía de los productores y su dependencia de un mercado desregulado y controlado por ese tipo de empresas. Al mismo tiempo, el “modelo productivo” vigente desde 2003 basado en el tipo de cambio alto fortaleció, paralelamente a la reactivación de la actividad industrial local —no necesariamente nacional—, a la gran explotación agraria, ubicándola como estratégica en tanto principal proveedora de divisas, al tiempo que la devaluación y el acelerado proceso inflacionario depreciaban los costos locales de dichas empresas.
La soja es hoy el cultivo más importante de la Argentina: a ella se destina más del 64% del área sembrada en el país. El crecimiento de la producción de soja, tanto en volumen como en área sembrada, a lo largo de la última década y media ha sido exponencial (Cuadro 1):
CUADRO 1: Argentina – Producción de soja transgénica, en volumen y área sembrada
Superficie  (has)
Volumen (en tn)
1997
6.000.000
11.000.000
2007
16.600.000
47.000.000
2010
19.000.000
56.000.000
FUENTE: “Supersoja: el precio del cultivo resiste la tormenta, en un mercado en el que casi todas las commodities pierden”. La Nación (Arg.), 04-09-2011.
China compra el 50% de la soja que exportan Estados Unidos, Brasil y la Argentina, los tres mayores productores del mundo. Brasil y la Argentina suman casi el 50% de la producción mundial. En virtud de las retenciones del 35% a las exportaciones, el gobierno argentino recauda anualmente por la oleaginosa unos 25.000 millones de pesos: más de la mitad de los derechos de exportación que recibe el estado nacional (alrededor de $ 45.000 millones en 2010). Las exportaciones de soja y sus derivados también explican el signo positivo de la balanza comercial argentina: en 2010, las exportaciones del complejo sojero sumaron US$ 17.298 millones (el 25,4% del total de las exportaciones argentinas)[13].
En 2010 Argentina fue el cuarto socio comercial de China en América Latina, con un comercio global (importaciones más exportaciones) que rondó los 13.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, China se convirtió en el segundo socio comercial de Argentina, tanto en importaciones como en exportaciones, en ambos casos detrás de Brasil y antes de Estados Unidos. En base a datos del INDEC argentino, el valor de las exportaciones argentinas a China durante 2010 fue de U$S 5.796 millones, mientras que las importaciones totalizaron U$S 7.649 millones; superavitaria para la Argentina hasta el año 2008, la balanza comercial arrojó en 2010 un saldo comercial negativo de 1.853 millones[14]; en el primer semestre de 2011 ya había superado el déficit de todo el año anterior[15], fundamentalmente por importaciones industriales ya que la balanza agropecuaria sigue siendo marcadamente positiva[16].
La composición del comercio bilateral sigue mostrando una marcada asimetría: las exportaciones chinas hacia nuestro país son en su casi totalidad productos no agrícolas, mientras que sus importaciones desde Argentina están altamente concentradas en productos agrícolas. En 2010 los principales rubros de importación de Argentina desde China en 2010 fueron computadoras, partes para aparatos de radio y televisión, videomonitores y videoproyectores, glifosato, motocicletas, teléfonos celulares, partes de máquinas, etc. El Cuadro 2 muestra el enorme peso del rubro agroindustrial en las exportaciones argentinas:
CUADRO  2: Comercio bilateral Argentina-China 2005 – 2010.
Intercambio agroindustrial y total.
Período
Comercio Total
Comercio Agroindustrial
Agro/Total
Agro/Total
(en millones de dólares)
(en millones de dólares)
(%)
(%)
Año
Export.
Import.
Bal.Com.
Export.
Import.
Bal.Com.
% Export.
% Import.
total
Agro
2005
3.192,65
2.236,83
955,82
2.661,44
12,63
2.648,80
83,36%
0,56%
2006
3.475,85
3.121,70
354,15
2.376,01
19,39
2.356,62
68,36%
0,62%
2007
5.169,82
5.092,95
76,87
4.576,09
31,46
4.544,63
88,52%
0,62%
2008
6.354,96
7.103,89
-748,93
5.474,14
42,02
5.432,11
86,14%
0,59%
2009
3.668,28
4.822,60
-1.154,31
3.193,28
32,53
3.160,75
87,05%
0,67%
2010
5.794,49
7.648,85
-1.854,36
4.965,29
51,25
4.914,04
85,69%
0,67%
FUENTE: Comercio Exterior Argentino (actualización marzo 2011). Min. de Agric., Ganadería y Pesca, Presidencia de la Nación, en base a datos de INDEC
El viaje que en noviembre de 2004 hizo a Beijing el entonces presidente Kirchner saldó en un Memorando de entendimiento entre la República Argentina y la RPCh sobre cooperación en materia de comercio e inversiones. El gobierno chino logró entonces el apoyo de la República Argentina al ingreso de China a la OMC a cambio de concesiones comerciales (disminución de aranceles al ingreso de productos argentinos al país asiático, etc.). El Memorando prometía que el valor anual de las exportaciones argentinas se incrementaría en cinco años en 4.000 millones de dólares sobre el nivel vigente. Pero al concentrarse los volúmenes exportados a la RPCh en el complejo sojero, esta cláusula no haría más que reafirmar el modelo primario-exportador argentino[17].
El proceso de “desindustrialización selectiva” y re-primarización de la economía estimulado por la “asociación estratégica” con China no es exclusivo de la Argentina: el mismo deslizamiento hacia la “agrarización” y la “minerización” de la producción afecta a muchos otros países del “tercer mundo” como México y a los propios aliados de China en el grupo BRICS como Brasil y Sudáfrica[18].
En 2010 los productos del complejo sojero (porotos y aceite de soja) concentraron el 89,6% de las exportaciones agrícolas argentinas a China (Cuadro 3). La potencia asiática compró a nuestro país 11,2 millones de toneladas de porotos de soja por U$S 4.978 millones. China fue el principal mercado para los porotos de soja de Argentina (ese fue el destino del 83% del total exportado en volumen), y el cuarto mercado para el aceite de soja argentino (154.402 de toneladas —el 5,5% de la exportación argentina—, por U$S 136 millones).
CUADRO 3: Importaciones chinas de prod. agrícolas desde Argentina, 2008-2010 (en millones de dólares)
Rango 2010
Descripción
2008
2009
2010
Valor
Part.%
Valor
Part.%
Valor
Part.%
Total import. agrícolas chinas desde Arg.
8.425
3.487,9
5.705,6
1
Poroto de soja
5.803,5
68,9
1.650,3
47,3
4.977,8
87,2
2
Garra de pollo congelada
204,6
2,4
73,7
2,1
170,0
3,0
3
Aceite crudo de soja
2.205,0
26,2
1.408,3
40,4
136,2
2,4
4
Aceite crudo de girasol
4,3
111,7
3,2
98,0
1,7
FUENTE: “Análisis del comercio agrícola chino en 2010”. Consejería agrícola de la embajada argentina en la RPCh, 10-05-2011 (las cifras se han redondeado en décimos. RL).
Miguel Teubal[19] define este proceso de las décadas de 1990 y 2000 como el paso “del Granero del Mundo a la República Sojera”. Efectivamente, la “relación especial” determinada por la asociación estratégica con China contribuyó a reforzar la especialización primario-exportadora centrada en un solo cultivo. La soja transgénica se propagó en la Argentina a costa de muchas otras actividades vinculadas directamente al consumo de la población y a la producción industrial. Han sido desplazados o eliminados cultivos hortícolas, establecimientos avícolas, tambos, campos ganaderos, montes frutales, y producciones como papa, arroz, batata, lenteja, arveja, algodón, lino, etc. Esto incidió, sin duda, en el acentuado proceso inflacionario que afecta los productos alimentarios dirigidos al mercado interno.
La expansión de la soja transgénica acentuó, también, el carácter latifundista de la tenencia y explotación de la tierra y el control efectivo de grandes áreas fértiles por pools de siembra en manos de poderosos consorcios nacionales y extranjeros, con el consiguiente desplazamiento de chacareros de la producción directa y despoblamiento del campo. El exorbitante aumento del precio de la tierra como consecuencia de la demanda de tierras para la oleaginosa —su valor casi se cuadruplicó en la última década— contribuyó al proceso de expulsión-concentración en la zona conocida como “maicera” (pero que en realidad es la principal área de cultivo de soja). Asimismo, 17 millones de hectáreas se encuentran ya en manos extranjeras[20].
Al avance de la concentración de la propiedad territorial y de la producción agraria se suma el de la comercialización de la producción de la soja y sus derivados, controlada por un núcleo reducido de empresas. Y al igual que ocurría un siglo atrás con las exportaciones argentinas de carnes, las ventas al exterior están concentradas en un puñado de grandes corporaciones extranjeras: en el período 1998-2010, la participación de los primeros cinco consorcios exportadores pasó del 33% al 84% del total de las ventas. En el caso de la exportación de granos, en el mismo período la parte del negocio controlada por los cinco principales exportadores pasó del 51% al 70%. Y la extranjerización se acentuó igualmente: mientras en 1988 se hallaban allí entidades cooperativas y empresas de capital nacional (Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, Agricultores Federados Argentinos), en 2010 la cúpula exportadora estaba compuesta íntegramente por monopolios extranjeros (Cargill, Toepfer, Bunge, ADM Argentina y Dreyfus)[21].
La expansión del monocultivo de soja es la culminación de un largo ciclo de verdadera “contrarreforma agraria” iniciado en 1967 por la Ley Raggio de la dictadura militar de Onganía, profundizado luego por las políticas de la dictadura de 1976-1983 y sustancialmente inalterado durante los gobiernos constitucionales que la siguieron.
Contracara de la “relación especial”: masiva inversión china en áreas económicas estratégicas
En julio de 2011, el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Argentina, Luis María Kreckler, de visita en Beijing, consideró que “existen tendencias estructurales que favorecen las inversiones entre ambos países. Argentina tiene lo que el mundo demanda para el futuro. Esto no es un dato menor a la hora de que los inversores decidan dónde colocar su dinero. La Argentina presenta ofertas rentables, estabilidad macroeconómica y política. Estamos condenados al éxito” en esta relación estratégica con China, subrayó. También aseguró que China “ha tomado a la Argentina como objetivo de inversión en América Latina”. “Ya tenemos invertido en ferrocarriles, subtes y transporte aproximadamente 15.000 millones de dólares. Hemos logrado, por ejemplo, muchos avances con el Belgrano Cargas”, dijo en la misma ocasión el viceministro de Comercio chino, Wang Chao[22].
En 2010, Pan American Energy (PAE, 50% de la china Cnooc y otro tanto de la ruso-argentina Bridas, de Bulgheroni) compró los activos locales de la norteamericana Esso. Con ello y con otras inversiones de las petroleras estatales chinas Cnooc y Sinopec, China pasó del 29° al 3er. lugar entre los inversores extranjeros en la Argentina. En 2007, mientras todavía estaba en manos de British Petroleum, PAE había obtenido que la provincia de Chubut y el gobierno nacional le extendieran la concesión de Cerro Dragón, el yacimiento más productivo del país, por 40 años (hasta 2047), de lo que ahora se beneficia la corporación china asociada al grupo Bridas.
Hacia diciembre de 2010, corporaciones privadas o estatales chinas ya habían hecho pie en las 23 provincias argentinas[23]. Sus intereses se centraban en la obtención de hierro, litio, maderas, y productos alimentarios (arroz y tabaco) en la región norte-noroeste; soja y derivados (aceite), biodiesel y ganado vacuno en la región pampeana; minería en la región cuyana; maderas y alimentos en la región litoraleña; y petróleo, gas y tierras para soja en la Patagonia. Se habían instalado supermercados chinos en 21 de las 23 provincias.
Una rápida reseña del avance del capital financiero chino en áreas fundamentales de la economía argentina en lo que va del año 2011 da una medida del ritmo vertiginoso con que se profundiza la “asociación estratégica” de importantes sectores de las clases dirigentes argentinas con la burguesía monopolista china.
• En enero, la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA (TFEyQ), nombre con que opera en el país la china Shaanxi Chemical Corporation (70% propiedad del estado chino), y el Ministerio de Industria anunciaron el acuerdo por el que la primera invertirá en 2 años 1.000 millones de dólares en la construcción de una planta para fabricar fertilizantes, una central térmica que abastecerá a esa fábrica y un puerto comercial en la provincia austral de Tierra del Fuego. Las obras están a cargo del grupo local Roggio. La compañía china se beneficia con las exenciones impositivas que establece la ley de promoción industrial de la provincia; ésta, además, se obliga a proveer a la empresa 1,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, insumo básico para la planta de urea, a un precio 5 veces menor que el de mercado con la única condición para la empresa de pagar por adelantado dos años del volumen de gas comprometido.
• Además del convenio anteriormente analizado entre el gobierno de la provincia de Río Negro y la corporación estatal china Beidahuang de Heilongjiang para la producción de soja y otros cultivos para China en tierras fiscales arrendadas, en mayo tuvo lugar una nueva exportación de mineral de hierro con destino a empresas siderúrgicas de China por la compañía china MCC-Minera Sierra Grande, que antes fuera la histórica empresa argentina Hipasam, cedida en 2005 por el mismo gobernador Saiz. Junto con las instalaciones, MCC obtuvo el puerto de Punta Colorada, cuyas exportaciones son agraciadas con concesiones impositivas por tratarse de un puerto patagónico.
• En febrero el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, viajó a Beijing invitado por el Grupo Bulgheroni y las petroleras chinas Cnooc y Sinopec, para estudiar distintos proyectos de inversión de esas corporaciones en petróleo, represas hidroeléctricas y centrales térmicas de Santa Cruz.
• La refinería estatal china Sinopec, la mayor de Asia, completó en febrero la adquisición, por valor de 2.450 millones de dólares, de los activos que la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) tenía en la Argentina.
• También en febrero el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó la construcción del metro, por 1.800 millones de dólares financiados en un 85% con un crédito chino, a cargo de la China Railways Internacional y el grupo local Roggio. Paralelamente el conservador Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, políticamente enfrentado con el gobierno nacional, anunció su proyecto para comenzar en 2011 las obras de construcción de la línea G de subterráneos, a cargo de la misma China Railways International y con financiamiento del Eximbank China.
Mauricio es hijo del empresario oficialista Franco Macri, designado en 2006 por el gobierno chino como su gestor para los negocios de la potencia asiática en América Latina. En esa función Franco Macri, quien en disidencia con su hijo Mauricio declaró pública y reiteradamente su vocación oficialista, fue el intermediario en los acuerdos firmados en julio de 2010 en China por una delegación oficial encabezada por la presidenta Cristina Kirchner, que involucran desde obras de infraestructura en el ferrocarril Belgrano Cargas (ver referencia más abajo) hasta la compra de coches para el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, por 10.000 millones de dólares. El negociador argentino de los convenios fue el actual secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, quien hasta 2003 había sido jefe de campaña de Mauricio Macri.
• En marzo el gobernador de la provincia china de Shandong visitó la provincia de La Rioja para poner en marcha un reciente acuerdo de exploración en minas de oro suscripto entre la provincia de La Rioja y la empresa china Shandong Gold.
• También en marzo, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), la mayor entidad del mundo por capitalización de mercado y administración de depósitos, anunció la compra de la filial argentina del Standard Bank, la entidad heredera aquí del BankBoston y controlada por capitales sudafricanos (75%) en sociedad con las familias locales Werthein (La Caja, Telecom; ex presidente de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China) y Sielecki (Laboratorios Elea y Fénix). Significativamente, la adquisición tiene por finalidad “acompañar la ofensiva de capitales chinos sobre sectores estratégicos de la economía local”[24].
• En mayo inauguró una planta de biodiesel la corporación exportadora china Noble Group, radicada en la Argentina en 2001. Noble tiene su puerto propio sobre el río Paraná en la localidad de Timbúes (provincia de Santa Fe); en 2008 inauguró una planta de prensado de soja, y en octubre de 2010 otra de molienda de granos.
• En concordancia con la variedad de recursos que les interesa obtener, los capitales gubernamentales y privados de China se preocupan también por asegurarse la logística de su obtención y de su transporte interno y externo. Durante la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al país asiático en julio de 2010 se firmaron convenios por los que la empresa China Nacional Machinery & Equipment Import & Export destinará 10.000 millones de dólares para rehabilitar el ferrocarril Belgrano Cargas, incluyendo el reacondicionamiento de dos ramales y la renovación de unos 1.500 kilómetros de vías. El Belgrano Cargas es una estructura vital para el transporte de materias primas, ya que atraviesa catorce provincias del centro y norte del país y conecta a través de Bolivia y el norte chileno con la salida al Pacífico. “Pekín considera a la logística y el transporte de granos un tema estratégico, por eso vienen a invertir en la Argentina”, afirmó Ernesto Fernández Taboada, director de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China que preside el empresario Carlos Spadone y de la que Franco Macri es presidente honorario[25].
Teniendo en cuenta que la visita presidencial y los acuerdos de inversión ferroviaria tuvieron lugar en pleno curso del diferendo suscitado por la suspensión de las importaciones chinas de aceite de soja argentino en represalia por las medidas anti-dumping contra el ingreso de productos chinos a la Argentina, puede presumirse que esos acuerdos fueron parte de las condiciones del gobierno chino para la reanudación de las compras de aceite de soja por Beijing, que se produciría hacia fines del mismo año.
• La incursión de las corporaciones chinas en tierras agrícolas no se limita al acuerdo con la provincia de Río Negro. La misma compañía Beidahuang que firmó aquel convenio formuló también una asociación con Cresud, empresa agropecuaria de la familia Elsztain y una de las mayores propietarias de tierra de la Argentina, con el fin de comprar tierras y sembrar soja. Cresud tiene más de 900.000 hectáreas en la Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. En el país posee 80.000 hectáreas con producción de soja, maíz y trigo; 230.000 dedicadas a la ganadería y otras 320.000 hectáreas de reserva[26].
• Continúa la expansión de los supermercados chinos. Ubicados inicialmente en la capital y en el gran Buenos Aires, superan ya los 5.000 establecimientos en todo el país, están nucleados en una cámara propia, y controlan ya casi el 20 por ciento del comercio minorista.
De Gran Bretaña a China: caminos ya recorridos y asignaturas pendientes
La estructura del intercambio chino-argentino reitera un conocido patrón histórico: exportación de productos primarios contra importación de productos de la industria china. Las inversiones oficiales y privadas de China amplían el control o influencia de intereses estatales o privados de la potencia asiática sobre áreas económicas fundamentales (petróleo, minería, tierra, agricultura).
Tiende a consolidarse, así, la clásica división internacional del trabajo entre las grandes potencias y la Argentina que esas potencias, aunando sus intereses a los de poderosas fracciones de las clases dirigentes, predicaron y promovieron desde el siglo XIX. Se refuerza el perfil primario-exportador de la economía y una orientación que agrava el efecto de las estrategias económicas que predominaron en las últimas dos décadas: un perfil sin industria, o con un tipo de desarrollo industrial limitado a la producción de algunas manufacturas de origen agropecuario y a la extracción y transformación de algunos recursos naturales; una industria meramente complementaria, subordinada a, y dependiente de capitales, insumos y mercados extranjeros, en desmedro de los requerimientos de un desarrollo independiente, integrado y autosostenido de nuestras economías y en perjuicio de la producción y el empresariado nacionales centrados en el mercado interno, así como de los sectores del trabajo que constituyen su base.
El carácter del intercambio bilateral y de las inversiones de China consolida los lastres de una estructura económico-social cuyo desarrollo es, desde hace más de un siglo, obstaculizado por la subsistencia del latifundio y su asociación con mercados y capitales extranjeros, y por la dependencia respecto de las grandes potencias expresada ―en su aspecto interno― en el predominio de las corporaciones de esas potencias en la industria, el comercio exterior y las finanzas del país.
Como ya sucediera en las relaciones con otras grandes potencias a lo largo del siglo XX —Gran Bretaña y otros países europeos, sumándose posteriormente los Estados Unidos, y en los ’70 y ’80 la Unión Soviética—, las clases dirigentes de Argentina (especialmente sectores de ellas ligados a la producción y exportación de productos alimentarios y de materias primas para la industria, así como a las inversiones extranjeras y a la importación de bienes manufacturados) promueven activamente con la potencia asiática una “asociación estratégica” de largo plazo que incluye acuerdos económicos y políticos.
Al igual que en aquellos antecedentes, los impulsa el atractivo de un mercado amplio y duradero y de una significativa provisión de capitales. Sectores de grandes terratenientes y capitalistas locales se asocian al imperialismo ascendente convirtiéndose en sus intermediarios internos, promoviendo el redireccionamiento de los vínculos externos de nuestros países hacia el nuevo “socio privilegiado”, a veces en una compleja trama de rivalidad y alianzas con otros sectores de las clases dirigentes ligados a distintos centros económicos y políticos.
En medios empresariales, políticos y académicos surgen actualmente voces que, aunque con tibieza, cuestionan este tipo de inserción internacional al que han dado en llamar el “modelo del siglo XIX” —y al que otros sectores empresariales, políticos y académicos adhieren—, sugiriendo, en consonancia con las recomendaciones de la Cepal dirigida por el liberal-neodesarrollista José L. Machinea, complementar la especialización argentina en productos primarios exportables con alguna diversificación industrial, atrayendo inversiones hacia ramas industriales y de infraestructura complementarias —o simplemente subsidiarias— de las necesidades estratégicas de Beijing.
Una estrategia, en suma, encuadrada en los moldes de la “industrialización dependiente”[27]: no promueve una vía de industrialización centrada en las necesidades de infraestructura locales y regionales, en el mercado interno y en el apoyo y promoción estatal a capitales nacionales como base de una verdadera reconstrucción industrial, sino una nueva especialización en la exportación de productos básicos, agregando cierta diversificación que permita “integrarla a las cadenas productivas y de comercialización de Asia-Pacífico”. Una diversificación orientada a la producción local —no necesariamente nacional— de ciertos bienes exportables inducidos por la demanda de China, o a la realización —con aportes directos o indirectos del Estado— de proyectos de infraestructura y de energía orientados a facilitar las exportaciones al país asiático o a complementar la radicación de sus empresas aquí; es decir, una vía de “crecimiento” no autocentrada sino complementaria y adaptada a los requerimientos del influyente socio comercial e inversor de las clases exportadoras e importadoras del país. Las inversiones chinas, además, compiten con las de origen europeo y estadounidense, aún predominantes tanto por su gravitación económica como por su influencia política.
Aunque escudado tras una retórica “productivista”, un “modelo” de cuño neodesarrollista con perfil sojero-petrolero-minero-exportador como el que se ha afirmado en la Argentina en los últimos años sólo completa o refuerza el círculo de hierro de la “complementariedad subordinada”, en este caso a las prioridades de la economía china; un tipo de asociación similar a la que en el siglo XX supeditó los destinos de los países latinoamericanos a los intereses y estrategias de las grandes potencias, complementando nuestra dependencia vendedora con la dependencia inversora e importadora de los bienes de capital necesarios para ese tipo de “desarrollo”.
El caso argentino es, así, muy representativo del modo en que el mercado externo concentrado en una u otra de las grandes potencias, y la complementariedad así asentada entre ambas economías, han sido históricamente la puerta de entrada a la subordinación (primero comercial, después política, militar, estratégica) de las clases y grupos intermediarios locales ligados a la exportación de productos agropecuarios a esas potencias, perpetuando las estructuras internas responsables de la dependencia y la vulnerabilidad externa.
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RESUMEN
La conmemoración del bicentenario de las independencias latinoamericanas convoca a la reflexión y al análisis crítico sobre los rumbos económicos y políticos que desde fines del siglo XIX, y luego a lo largo del siglo XX y en lo que va del actual, llevaron a nuestra región a caer en nuevas dependencias y a la consiguiente pérdida o disminución de resortes básicos de soberanía económica y política nacionales.
En la Argentina, la rápida expansión de las relaciones económicas y políticas con China desde hace unos veinte años y especialmente durante la última década, tuvo su correlato en el desarrollo de importantes grupos terratenientes y empresariales asociados a intereses estatales o privados de la potencia asiática. Históricamente, la asociación subordinada de poderosos sectores de las clases dirigentes argentinas —habitualmente con fuertes vínculos en el aparato estatal— al capital financiero de las grandes potencias, estuvo y está en la base de la dependencia argentina. Así ocurrió a fines del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, cuando los terratenientes exportadores y poderosos sectores empresariales argentinos sostuvieron una así llamada “relación especial” o “privilegiada” con el capitalismo británico.
En la actualidad, al igual que entonces, representantes gubernamentales y económicos chinos y argentinos, tanto públicos como privados, destacan el carácter complementario de la economía argentina —y de otros países de la región— con la economía industrial de la potencia asiática; los lazos comerciales y la radicación o asociación de capitales de China en las economías locales son descriptos como una oportunidad que permitiría a nuestros países desarrollar sus producciones, diversificar sus relaciones internacionales y disminuir su endeudamiento. Con estas consideraciones, en el caso de la Argentina, sectores gubernamentales y empresariales —algunos de ellos directamente asociados a intereses chinos— promueven la adaptación de áreas estratégicas de la economía local a la complementación con China.
Claros indicios de ese rumbo se manifiestan ya en áreas tan decisivas de la economía nacional como la tenencia y uso de la tierra y las industrias ferroviaria y petrolera. En relación a ello, otros voceros económicos e intelectuales cuestionan la unilateralidad y vulnerabilidad de la especialización primario-exportadora, e importadora de capital y bienes industriales, que tal asociación trae aparejada. Se ha señalado la reconstitución de un “modelo exportador similar al del siglo XIX”, e incluso el esbozo de “una nueva relación neocolonial con China como metrópoli”.
Durante la última década, las estructuras del intercambio bilateral y de las inversiones oficiales y privadas de China en la Argentina consolidaron, además, la histórica división internacional del trabajo entre las grandes potencias y los países latinoamericanos, reforzando el perfil primario-exportador de la producción nacional reflejado, entre otras cosas, en el pronunciado proceso de “sojización” y concentración que caracteriza a la producción agraria y las exportaciones argentinas.
El creciente peso del comercio y del capital chino en la Argentina replantea, así, el “clásico” debate acerca de la dependencia argentina —y de la mayor parte de los países latinoamericanos— respecto de las grandes potencias.

[2] Darío Aranda: “La soja desembarca en la Patagonia”. Página 12 (Arg.), 08-03-2011.
[3] Agencia de noticias Urgente24 (Arg.), 04-05-2011.
[4] Diario Clarín (Arg.), 09-06-2011.
[5] Diario La Nación (Arg.), 09-06-2011.
[6] Susana Lara: “Transformación del paisaje agrario del Valle Medio de Río Negro”. APP, Agencia Periodística Patagónica, 27-08-2011. http://www.appnoticias.com.ar/desarro_noti.php?cod=25510.
[7] Susana Lara: “Transformación del paisaje agrario …”.
[8] Roca digital, 02-11-2010. En http://www.rocadigital.com.ar/?id=19441&m=imprimir.
[9] Patricio Eleisegui en http://negocios.iprofesional.com/notas/121401-Entre-golpes-y-gritos-China-oficializ-que-explotar-tierras-en-Ro-Negro-y-ya-evala-otras-provincias , 25-8-2011. También Gustavo Dutch Guillot: “No es (sólo) China”, en ALAI, América Latina en Movimiento, 17-07-2011, http://alainet.org/active/48103&lang=es.
[10] Grupo de Reflexión Rural: “Modelo neocolonial: acaparamiento de tierra, monocultivos y exclusión social”, 04-02-2011. http://alainet.org/active/44385&lang=es
[11] Se refiere a Gustavo Grobocopatel, el “rey de la soja” en la Argentina. La empresa familiar de Grobocopatel, Los Grobo Agropecuaria, creció en la década de 1990 hasta manejar, según se estima, unas 200 mil hectáreas, en su mayor parte en tierra arrendada en Argentina, Brasil y Uruguay.
[12] Grupo de Reflexión Rural: “Acerca del proyecto de ley sobre ‘extranjerización de tierras’ presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Falsas soluciones y profundización del modelo”. 09-09-2011. http://alainet.org/active/49318&lang=es
[13] Florencia Donovan: “Supersoja: el precio del cultivo resiste la tormenta, en un mercado en el que casi todas las commodities pierden”. Diario La Nación (Arg.), 04-09-2011.
[14] “Análisis del comercio agrícola chino en 2010”. Consejería agrícola de la embajada argentina en la RPCh, 10-05-2011.
[15]“El desembarco chino”. Diario Página/12 (Arg.), 21-07-2011.
[17] Eduardo D. Oviedo: “China: Visión y práctica de sus llamadas `relaciones estratégicas´”. En Estudios de Asia y África, El Colegio de México, Vol. XLI(3), Nº 131, México, septiembre-diciembre, 2006.
[18] David Wessel y Paulo Prada: “El ascenso de China trastoca al resto de las economías del mundo”. WSJ Américas, 11-03-2011. Ver también E. Dussel Peters: “El caso mexicano”, en R. Jenkins y E. Dussel Peters ed.: China y América Latina. Relaciones económicas en el siglo XXI. German Development Institute (DIE) y Centro de Estudios China-México (Cechimex, UNAM). Bonn-México, 2009, p. 302-3; y CEPAL: La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 2010, p.  148.
[19] “Expansión del modelo sojero en Argentina”. Revista Realidad Económica N° 220, mayo-junio 2006.
[20] Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): Censo Nacional Agropecuario 2001.
[21] Ricardo Ortiz y Pablo Pérez: “Ambiciones privadas y connivencia estatal: dos décadas de explotación de los recursos naturales en la Argentina”. Revista Industrializar Argentina N° 14, mayo 2011.
[22] “Alimentando al dragón a cambio de inversiones”, Agencia Urgente24, 20-07-2011. “El desembarco chino”, diario Página/12, 21-07-2011. Ver también: “Embajador Yin Hengmin destaca la asociación estratégica con Argentina”. 21-05-2011. http://ar.chineseembassy.org/esp/xwdt/t824239.htm.
[23] Patricio Eleisegui en iProfesional.com, 02-12-2010.
[24] Diario La Nación (Arg.), 19-03-2011.
[26] “Cresud negocia asociarse con una empresa china”. Diario Clarín (Arg.), 23-06-2011.
[27] Horacio Ciafardini: “La Argentina en el mercado mundial contemporáneo”. En Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente. Ed. Ágora, 1990.

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